LA HABANA, Cuba, agosto,
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-Lázaro Yosvany Montesino Hernández, miembro del movimiento Rastafari,
envió un escrito de queja a José Luis Toledo Santander, Presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea
Nacional de Cuba, exigiéndole respeto de su derecho a la igualdad ante
la ley, así como libertad religiosa y el reconocimiento del derecho de
usufructo sobre la tierra que trabaja.
El escrito fue motivado por la respuesta que le diera a Montesino
Hernández el Presidente del Comité Provincial de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP), Enrique Romero Pérez, el pasado 15 de
febrero de 2012. El funcionario no le concede el derecho de usufructo
porque Montesino Hernández profesa “una creencia religiosa de práctica
no normal llamada RASTAFARI”. La frase, según denuncia el afectado en su
escrito, es “discriminatoria y violatoria de sus derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución de la República”.
A finales de 2011, Montesino Hernández solicitó al Delegado Municipal
de la Agricultura en Baracoa, Guantánamo, Alexander Cardoza, que le
reconociera el derecho de usufructo sobre la tierra que trabaja junto a
su esposa y su amigo, Yuliseidy Mosqueda Ramírez, en Nagecial de Las
Minas Cabacú, una localidad de la oriental provincia. El uso y disfrute
del terreno está reconocido a Pio Oscar Matos Hernández, un campesino
que solicitó, por su edad, la extinción del beneficio.
Cardoza, en representación del Centro Nacional de Control de Tierra
del Ministerio de la Agricultura, le denegó la solicitud. Explicó que el
terreno no se incorporaba al fondo de tierras ociosas y que la Comisión
de Asuntos Agrarios definirá su finalidad.
Inconforme con la decisión, Montesino Hernández envió un escrito de
queja a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Le
respondió Romero Pérez, Presidente del Comité Provincial de la ANAP, en
Guantánamo, quien dio como atendida, sin solución y en trámite, la queja
del rastafari.
La Asamblea Nacional es el órgano encargado de resolver las
cuestiones de constitucionalidad. El derecho de queja y petición es el
único recurso que tienen los cubanos para exigir respeto de sus
derechos. En el sistema no existe un procedimiento para interponer
recurso de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos humanos.
Romero Pérez reconoce que actualmente Lázaro Yosvany Montesino
Hernández trabaja la tierra, pero no le conceden el derecho de
usufructo, por rumores de la existencia de droga en la zona (marihuana).
La planta está vinculada a las prácticas religiosas de los Rastafari.
“No es justo que se me niegue el derecho a trabajar la tierra basándose
en rumores”, consignó Montesino Hernández en su escrito.
En el sistema legal están vigentes disposiciones jurídicas para
reprimir la siembra y comercio de marihuana. El Decreto Ley 232, de
2003, “Sobre confiscación por hechos relacionados con las drogas”,
dispone, en el caso de los usufructuarios, la pérdida del derecho sobre
la tierra y la confiscación de los bienes agropecuarios, en caso del
cultivo. El Ministerio de la Agricultura, además puso en vigor un
procedimiento para dar cumplimiento a esta disposición.
Enrique Romero Pérez, un representante de la ANAP, desconoce que en
la Constitución de la República, el Estado se comprometió a “Respetar y
garantizar la libertad religiosa”. Igualmente ignora que
constitucionalmente “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y
están sujetos a iguales deberes”, que “Las distintas creencias y
religiones gozan de igual consideración”, y que “La discriminación por
motivo de creencias religiosas está proscrita y es sancionada por la
ley”.
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Cubanet
