Human Rigths Watch vuelve a condenar a Chávez

 

  Por Sergio Acosta

“Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”, así se titula el informe presentado esta semana por Human Rigths Watch. El informe extremadamente crítico con el presidente venezolano, Hugo Chávez consta de 133 páginas.


En conversación con Radio Nederland José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, explicó que la idea el presente informe es para examinar si a situación ha mejorado, sigue igual o ha empeorado desde que se presento el anterior, en septiembre del 2008.
Según Vivanco, la conclusión es que “lamentablemente la situación para las libertades públicas y los derechos humanos ha empeorado”.

Chávez expulsa a Vivanco

 

En el 2009, el Gobierno venezolano expulsó a Vivanco horas después de que en la presentación en Caracas de un informe de HRW, el director de la organización manifestara que: 10 años de gestión el "presunto compromiso" democrático de Chávez es "contradictorio con el desprecio" a las "garantías institucionales y derechos fundamentales". En esa ocasión Chávez reiteró que la actuación de Vivanco forma parte "de la misma jugada" imperialista que con denuncias "falsas" de supuestas violaciones a los derechos humanos o falta de colaboración en la lucha antidrogas, pretende desprestigiarlo y provocar su derrocamiento.

A la pregunta de RNW de si no era demasiado fuerte decir que “durante años, el Presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, Vivanco dijo que es cierto que es un cargo muy fuerte, serio y no menor. “Lamentablemente, agrega Vivanco, esa es la conclusión lógica que se puede sacar si se examina lo que ha venido haciendo el gobierno desde el punto de vista del control del Tribunal Supremo que sirve para convalidar las agendas gubernamentales dirigidas a conseguir poder y a castigar y reducir espacios para sus críticos”. 

Los tribunales

Según el informe el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido sujeto a un copamiento político en 2004. Tras las elecciones legislativas de 2010, que redujeron la mayoría chavista en el Congreso, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición pudieran ocupar sus bancas.
Como ejemplo alarmante HRW pone el caso de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, que según la organización se ha realizado a instancias del Presidente Chávez. Sobre éste caso José Miguel Vivanco comentó: “Se trata de un esfuerzo por castigar y sentar un precedente castigando un juez que decidió en términos independientes y contrarios a lo que el Presidente Chávez quería. De hecho la jueza lo que permitió fue la libertad condicional de un reo que llevaba casi 3 años en prisión si justificación. De acuerdo a la legislación venezolana la jueza estaba obligada a hacerlo, además de la petición de la ONU ya que la detención era arbitraria. Chávez calificó a la jueza de corrupta y que había que aplicarle 30 años de prisión”.
Según Human Rigths Watch el gobierno de Chávez ha rechazado la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos externos más importantes para procurar reparar abusos ante la inacción de los tribunales nacionales.


Los medios de comunicación

El detallado informe acusa a la mayoría chavista en la Asamblea Nacional de que “al modificar la Ley de Responsabilidad Social de 2004 amplió las restricciones existentes a la libertad de expresión a que se apliquen también a Internet. También agregó nuevas restricciones, incluyendo la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, y le otorgó al organismo de telecomunicaciones controlado por el gobierno, CONATEL, poderes más amplios para sancionar a las emisoras de radio y TV y a los medios electrónicos que las violan”, según HRW.
El organismo con sede en Washington, cuyos representantes fueron expulsados del país cuando en Caracas en el 2008 presentaron el anterior informe, afirma que “el gobierno venezolano ha adoptado medidas agresivas para reducir la disponibilidad de medios que ofrecen una programación crítica a las autoridades”.

Para José Miguel Vivanco esto se debe a que “en Venezuela se ha suspendido o revocado la licencia a 32 radios, muchas muy críticas con el Gobierno. Más allá se han ido apoderando de canales de televisión, algunos privados otros estatales. En este momento en Venezuela hay 7 canales de televisión de alcance nacional, de estos 6 son afines al Gobierno y sólo uno se identifica con los postulados de la oposición que es Globovisión. Éste último tiene 6 causas arbitrarias contra ellos. Si llegan a ser sancionados otra vez –ya lo fueron con 2 millones de dólares por transmitir de forma sensacionalista un motín en una cárcel- corren el riesgo de ser suspendidos o revocados”. HRW agrega que el presidente Chávez abusa de las cadenas de radio y televisión obligatorias cuando él lo estima pertinente. “Esas han sido legitimadas por la propia Corte Suprema como una opción válida y constitucional de tal modo que es una evidencia más que suficiente que ofrezco, declaró José Miguel Vivanco a Radio Nederland.

Entrevista a José M. Vivanco

Publicado por Radio Neederland