Imagen de Ángel Carromero tomada de un vídeo suministrado por el Gobierno cubano el lunes 30 de julio de 2012. / EFE
“Nos harán sufrir un tiempo y luego lo soltarán”. ¿Cuánto tiempo? El pronóstico depende del ánimo del interlocutor. Los optimistas del Ministerio español de Asuntos Exteriores creen que puede durar semanas. Los pesimistas, meses. En cualquier caso, el Gobierno se prepara para una larga crisis diplomática con Cuba, la primera tras la llegada de Rajoy a la Moncloa, en la que el joven dirigente del PP Ángel Carromero puede convertirse en objeto de trueque por no se sabe todavía qué.
A principios de la pasada semana, el ministro José Manuel García-Margallo telefoneó a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. La conversación fue cordial, pero el segundo no dejó de recordar que el conductor del turismo en el que perdió la vida el disidente Oswaldo Payá era miembro del partido que gobierna España y entró en el país con un visado de turista, por lo que violó las normas de inmigración al realizar actividades políticas. Rodríguez se remitió finalmente a la supuesta independencia de los jueces cubanos.
El artículo publicado ayer por Granma evidencia que la investigación ha estado más dirigida a conocer los contactos de Carromero y su compañero sueco Jens Aron Modig con la oposición anticastrista que a esclarecer las circunstancias del siniestro. Sin embargo, más allá de su uso propagandístico, la acusación contra Carromero se ha limitado a su papel en el accidente de tráfico y Modig —que iba de copiloto— ha salido del país como entró, sin que mediase una orden de expulsión.
Esa es la buena noticia. La mala es la apertura de una investigación por homicidio imprudente, castigado con hasta 10 años de cárcel. Todas las gestiones realizadas por Exteriores —desde la llamada de Margallo a los contactos del secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia— iban dirigidas a evitar la presentación de cargos. El vídeo difundido el pasado lunes, en el que Carromero se autocriticaba al estilo soviético y daba por buena la versión oficial del siniestro, hicieron pensar que el régimen de La Habana podría darse por satisfecho. No fue así.
Una vez dictada la orden de prisión provisional, fuentes diplomáticas temen que haya que esperar a que recaiga sentencia firme para plantearse el indulto, la expulsión o la aplicación del convenio que permite el cumplimiento de la pena en España. Aunque siempre cabe que el fiscal retire los cargos, pues las familias de los disidentes fallecidos no se han personado en la causa.
No está previsto que ningún alto cargo español viaje a Cuba, pero Jesús Gracia y Bruno Rodríguez asistirán el próximo día 16 en Santo Domingo a la toma de posesión del nuevo presidente dominicano, Danilo Medina; y Margallo coincidirá en septiembre con el canciller cubano en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Serán dos ocasiones para encauzar el problema, si es que aún no se ha resuelto.
El cónsul general de España en La Habana, Tomás Rodríguez-Pantoja, visitó el lunes a Carromero en “100 y Aldabó”, un centro de investigaciones policiales ubicado en el cruce de las dos calles habaneras que le dan nombre. El joven se encontraba “nervioso pero bien atendido” y había podido hablar por teléfono con su madre, según fuentes diplomáticas.
El Partido Popular enarboló el anticastrismo beligerante cuando estaba en la oposición, pero Margallo moderó el tono ya en el Gobierno y, aunque descartó abolir la posición común de la UE —que tanto irrita en La Habana— abogó al menos por “flexibilizarla”. Las autoridades cubanas tuvieron incluso un gesto de acercamiento al poner en libertad al empresario Sebastián Martínez-Ferraté, condenado a siete años de cárcel. No es fácil que se repita.
Publicado por El País
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